En julio del presente año, la UC lanzó una actualización del libro Ideas en Educación. Como señala en la introducción, su fin es hacer un balance de lo que han sido los cambios recientes en educación, diagnosticando avances y retrocesos, además de proponer soluciones. En esta minuta abordaremos el capítulo 11 de este libro, “A cuatro años del proceso de reforma a la educación superior”, escrito por el rector Ignacio Sánchez. Durante el capítulo, el rector profundiza en puntos pendientes y retrocesos vividos por el sistema de educación superior a raíz de las reformas del gobierno pasado.
Para el rector, las reformas a la educación son necesarias, pero, aunque existe un consenso en torno a eso, no han existido acuerdos sustantivos sobre cómo llevarlas a flote. Esto lo podemos ver en temas como la función pública de las universidades, el trato equivalente a instituciones con funciones públicas, la autonomía universitaria, la regulación estatal, el estímulo a las universidades estatales y de región, la educación técnico-profesional y el financiamiento estudiantil e institucional.
Sobre la función pública de las universidades, el rector señala que el proyecto despachado no les reconoce tal función a las universidades del G9 (Tradicionales no estatales), tratando lo público sólo desde una óptica de la propiedad. Esto ignoraría el aporte que en formación e investigación dan las universidades G9. Como nuestro sistema históricamente se ha fundado en nociones conjuntas y subsidiarias, esto debería ser revisado para valorar el aporte educacional de la sociedad civil.
En el caso concreto de la UC, el rector destaca el aporte de su identidad como universidad católica al sistema educacional. Los fines de la UC serían, siguiendo al Papa, volverse un lugar de discernimiento y sabiduría, donde la comprensión y aceptación del otro nos lleve a una construcción solidaria de la sociedad. El rector nos llama ser fieles a esta respuesta, pues la UC debiese ser un lugar donde se invite a la reflexión y al acercamiento a la verdad, con vistas al bien común.
Un elemento fundamental para que este proyecto UC se concretice es la preocupación por la calidad, que en la UC se ha trabajado en el aseguramiento de estándares de ética, en el fomento al emprendimiento en investigación y en la creación de formas paraestatales de financiar investigaciones como el endowment. El rector critica que mientras la UC ha avanzado hacia esto, el proyecto de ley se centra en el control antes que en el aseguramiento de la calidad, atentando de paso contra la autonomía universitaria.
Una de las principales preocupaciones del rector en torno a la autonomía universitaria es la creación de una Subsecretaría encargada de regular cupos, normar crecimiento, fijar aranceles y, en el mediano plazo, establecer un nuevo sistema de ingreso a la educación superior. Esta propuesta pasa por encima de cuerpos ya encargados de realizar dichas funciones, como la admisión a cargo del DEMRE o la calidad revisada por la Comisión Nacional de Acreditación y que ahora estaría a cargo del Consejo de Calidad. Además de esta intromisión en tareas antes asumidas por las corporaciones universitarias, el rector llama la atención que el nombramiento de quienes ocupen estas nuevas instituciones estará mediado por el Poder Ejecutivo, lo que abriría la puerta a la politización externa del sistema educativo.
Sobre la nueva institucionalidad en ciencia, investigación y tecnología, el rector celebra la creación de un ministerio que unifique tareas antes disgregadas en el Ejecutivo, pero llama la atención sobre el insuficiente financiamiento que realiza el país en áreas de investigación y desarrollo, no excediendo éste el 0,4% del PIB. La creación del nuevo ministerio es un paso para enfrentar esto, pero también es necesario preocuparse de otros cinco elementos: la formación e inserción de nuevos investigadores, asegurando programas de calidad y plazas para doctorados; potenciar la internacionalización, ubicando a Chile como un referente mundial en investigación; una nueva política de financiamiento a los programas y estudiantes de postgrado; poner el foco en la innovación como manera creativa de hacer avanzar el conocimiento y, finalmente, potenciar las universidades de región aprovechando sus ventajas comparativas para la investigación.
Para el rector, el proyecto de Universidades Estatales daría cuenta del sesgo propietario que se tiene al evaluar la función pública de una universidad, pues apoya preferentemente a las UE como si fuesen las únicas que aportan. Además de lo que el rector ve como una omisión del G9, es posible ver tres problemas en el proyecto. Al crear un nuevo consejo asesor de UE, se pone en duda la potestad del CRUCh en los temas pertinentes. Además, se atenta contra la autonomía al existir nombramientos externos, los que, para el rector, debiesen estar exentos de consideraciones políticas. Finalmente, no hay una división clara del financiamiento ni una preocupación explícita por ayudar a las UE más abandonadas, que son precisamente las de regiones.
En un último punto el rector se refiere al financiamiento estudiantil e institucional. Sobre el primero celebra una política que avance hacia la inclusión de sectores más vulnerables, pero critica los efectos que ésta política tiene sobre la autonomía y las finanzas de cada institución. Al fijar aranceles de manera estandarizada para todos los planteles se pasa por encima los costos específicos que tiene cada uno, por lo que el arancel de gratuidad debería reevaluarse según los costos reales de cada plantel. Sobre financiamiento institucional, critica la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto y la creación de nuevas líneas de financiamiento, las que beneficiarían a las universidades estatales por sobre las demás. Además, señala la necesidad imperante de aumentar el Aporte Fiscal Directo en forma de aportes basales que queden consignados en ésta u otra ley.
Finalmente, el rector se declara crítico del proceso de reformas, señalando que los objetivos fundamentales no se han cumplido del todo y que el proyecto a suscitado críticas desde diversos sectores. Los objetivos de una buena reforma serían: valorar la diversidad del sistema, apoyar proyectos de función y vocación pública independiente de su propiedad, mejorar la calidad a partir de la innovación docente e investigación e implementar políticas de acceso que aseguren mayor equidad.
Ignacio Sánchez, “A cuatro años del proceso de reforma a la educación superior”, En Ignacio Sánchez (ed.), Ideas en Educación II. Definiciones en tiempos de cambio. Ediciones UC, Santiago de Chile, 2018